martes, 3 de noviembre de 2026

Pantallas fuera, miradas al frente: Desafíos y congruencia docente ante el Acuerdo 09/09/26

 




¿Cuánto tiempo de nuestra jornada escolar dedicamos a mirar una pantalla en lugar de mirar a los ojos a quienes aprenden con nosotros? 

¿Es posible recuperar la convivencia presencial y el pensamiento crítico en un entorno saturado de notificaciones digitales? 

Estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre el rumbo de nuestras escuelas y la urgencia de replantear el papel de la tecnología en las aulas.


A continuación, se estructura el análisis de esta disposición en tres apartados clave:

1. El contexto y la norma: Hacia la protección del bienestar escolar

Recientemente, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo número 09/09/26, el cual establece las disposiciones normativas y orientaciones pedagógicas para regular la interacción y el uso seguro de los dispositivos digitales personales en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. Esta medida responde a la necesidad de atender las afectaciones generadas por el uso no regulado de pantallas, tales como la disminución de la atención, la fatiga y el incremento de conflictos digitales como el ciberacoso. Cabe destacar que este acuerdo se hará vigente a partir del 3 de noviembre de 2026, dando paso previo a un proceso de asambleas y diálogo con las comunidades escolares.




2. El reto de las personas educandas: Recuperar el vínculo y la atención presencial

Para el caso de la educación básica, la normativa prioriza la modalidad de "sin uso", lo que implica que los teléfonos celulares y dispositivos inteligentes permanezcan guardados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos. Lejos de constituir un enfoque punitivo, la estrategia se acompaña de un decálogo formativo que busca fomentar hábitos digitales saludables, erradicar etiquetas y propiciar que las niñas, niños y adolescentes reconozcan la escuela como un espacio primordial para el diálogo cara a cara, el aprendizaje colaborativo y la convivencia pacífica.


3. La congruencia docente: El uso técnico-pedagógico como guía ética

El éxito de esta transformación institucional no recae únicamente en la restricción impuesta al alumnado, sino en la coherencia de la práctica docente. El uso del teléfono celular por parte de las maestras y los maestros debe estar estrictamente subordinado a su justificación técnico-pedagógica o de gestión institucional. No es posible exigir atención y desconexión a las personas educandas mientras el docente utiliza los dispositivos de forma personal frente al grupo. La verdadera autoridad formativa se consolida cuando el profesorado modela un uso ético, crítico y verdaderamente significativo de la tecnología como recurso para el aprendizaje.

                                           DECÁLOGO EDUCACIÓN BÁSICA

Referencias bibliográficas:


 


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jueves, 29 de octubre de 2026

Cámaras encendidas en sesiones virtuales del CTE: ¿Recomendación pedagógica o vulneración de derechos docentes?


Antecedentes


A raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, las dinámicas de trabajo en las instituciones educativas experimentaron una transformación acelerada hacia la virtualidad. En el ámbito docente, el uso de plataformas digitales para las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y reuniones administrativas se consolidó como una costumbre recurrente. Sin embargo, esta modalidad híbrida o a distancia suele confundirse equivocadamente con el teletrabajo estrictamente regulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). A diferencia del teletrabajo formal, el cual se pacta mediante un contrato especificando condiciones permanentes y el otorgamiento de insumos tecnológicos, la participación de los colectivos docentes en reuniones virtuales opera comúnmente como una estrategia administrativa o ante situaciones extraordinarias. 

En este contexto, la consigna de-mantener tu cámara encendida durante la sesión de CTE— ha generado inquietud respecto a sus alcances normativos. Frecuentemente se asume de forma errónea que dicho punto constituye una orden punitiva.

Ante esta situación, es indispensable analizar si el requerimiento de exposición visual desde el hogar encuentra sustento legal o si, por el contrario, contraviene los derechos fundamentales de las y los maestros.


Avancemos

Para comprender el trasfondo jurídico de esta problemática, es necesario precisar que la labor docente en sesiones virtuales no debe enfocarse desde el marco del teletrabajo contractual (Regulado en el Capítulo XII Bis de la LFT), sino desde la perspectiva de la jornada máxima de trabajo, el derecho a la desconexión y, sobre todo, la protección de los derechos humanos y la privacidEl condicionamiento u obligación de mantener la videocámara encendida desde el espacio doméstico transgrede diversos principios normativos vigentes en México:

  1. Derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio. El hogar es un espacio íntimo; imponer la transmisión en vivo de la recámara o sala vulnera la privacidad del trabajador y de su entorno familiar sin un mandato judicial o justificación de seguridad.
  2. Protección de la imagen y la voz como datos personales: El rostro y la voz constituyen datos personales e identificables protegidos por el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (sector público) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (sector privado). La y el docente mantienen en todo momento el derecho de oposición (Derechos ARCO) para evitar que su imagen sea difundida o expuesta en plataformas digitales comerciales si consideran que vulnera su seguridad o intimidad.
  3. El derecho a la propia imagen y consentimiento: De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la captura o transmisión de la imagen de una persona requiere de su consentimiento expreso. Transformar un protocolo de convivencia en una exigencia obligatoria bajo amenaza de sanción o inasistencia anula la voluntariedad de dicho consentimiento.
  4. Autonomía profesional y laboral: El Acuerdo número 05/04/24 de la SEP, relativo a los lineamientos de los CTE, enfatiza que el trabajo colegiado debe basarse en la autonomía profesional, la confianza y la flexibilidad, reconociendo las diversas realidades de conectividad y contextos de los docentes. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 330-I prohíbe explícitamente el uso de mecanismos invasivos de vigilancia o supervisión en modalidades a distancia.

 Desde una perspectiva operativa y bajo el principio de proporcionalidad laboral, la asistencia y participación activa dentro de un CTE o reunión virtual no dependen de la verificación visual. La presencia profesional se demuestra eficazmente a través del uso de la voz mediante el micrófono, las aportaciones escritas en el chat de la plataforma, el uso de una fotografía de perfil profesional y la entrega oportuna de los productos e insumos pedagógicos solicitados.

Conclusión

La consigna para para sesiones virtuales del Consejo Técnico Escolar "Mantén tu cámara encendida...",  debe entenderse estrictamente como una sugerencia de convivencia orientada a favorecer la interacción pedagógica, y nunca como un mandato coercitivo. Las instituciones educativas deben priorizar el respeto a la legalidad y a la intimidad de los docentes sobre cualquier pretensión de control visual.

Para proceder de manera práctica, el personal docente puede mantener su participación interactiva por audio y chat, respaldándose —en caso de presiones administrativas— mediante un comunicado formal dirigido a la directiva o representación sindical. En dicho escrito se puede manifestar el ejercicio legítimo del derecho de oposición sobre la transmisión de video del entorno doméstico con base en el artículo 16 constitucional y las leyes de protección de datos personales, reafirmando el compromiso absoluto con el desarrollo de las actividades académicas.

Referencias

  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada el 7 de octubre de 2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf [diputados.gob.mx]
  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Ley Federal del Trabajo (última reforma publicada el 14 de mayo de 2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf [diputados.gob.mx]
  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Ley Federal del Derecho de Autor (última reforma publicada el 14 de mayo de 2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf [diputados.gob.mx].
  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf [diputados.gob.mx]
  • Secretaría de Educación Pública. (2024). Acuerdo número 05/04/24 por el que se emiten los Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. Diario Oficial de la Federación.

 


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miércoles, 28 de octubre de 2026

Medicar o no medicar: ¡Qué dilema!

Del aula al consultorio no hay atajo: la inclusión educativa no se condiciona ni se médica




¿Alguna vez nos hemos detenido a reflexionar si la exigencia de un diagnóstico o un tratamiento farmacológico nace verdaderamente de una necesidad clínica del estudiante o de nuestra propia prisa por controlar la conducta en el aula? 

¿En qué momento la escuela, llamada a ser el espacio inclusivo por excelencia, corre el riesgo de trasladar al ámbito médico lo que corresponde resolver en el terreno de la pedagogía, la empatía y los ajustes razonables?

En el trabajo cotidiano con alumnas y alumnos que presentan condiciones asociadas a la impulsividad, hiperactividad o dificultades para la autorregulación conductual, suele surgir la tentación o la sugerencia sutil hacia las familias para que "busquen ayuda médica" o "les den un tratamiento" como requisito previo para garantizar su permanencia o armonía en el grupo. Sin embargo, presionar, sugerir o condicionar la atención educativa a la ingesta de medicamentos no solo rompe con el enfoque inclusivo y con el respeto a los derechos humanos, sino que constituye una infracción legal grave sancionada por la legislación mexicana.

Lo que establece el marco normativo vigente

Tanto en el ámbito federal como en el estado de Jalisco, las leyes educativas y de protección son categóricas al señalar que la escuela no puede actuar como prescriptor ni como filtro condicionado a tratamientos clínicos:

    • En su Artículo 170, Fracción XV, la ley tipifica claramente como una infracción de quienes prestan servicios educativos el expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio a personas con discapacidad o problemas de aprendizaje.
    • Sanciona explícitamente el «obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para condicionar su acceptance o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus madres y padres de familia o tutores para que se los realicen» (Ley General de Educación [LGE], 2019)
    • En su Artículo 17, Fracción III, prohíbe estrictamente «actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobremedicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados» (Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista [LGAPPCEA], 2015).
    • En la Fracción IV del mismo artículo, prohíbe de forma categórica «impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados» (LGAPPCEA, 2015).


Transformar el aula antes de buscar intervenir el cuerpo

Cuando un estudiante manifiesta conductas disruptivas, desafíos en la autorregulación o periodos intensos de impulsividad, la respuesta de la escuela no debe ser la exigencia de una píldora, sino la revisión profunda de nuestras prácticas:

  • Identificar las BAP en el entorno: Es indispensable evaluar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación observando qué estímulos o situaciones del contexto escolar están detonando o intensificando la conducta.
  • Diseñar y aplicar ajustes razonables: La labor pedagógica exige intervenir mediante modificaciones en la metodología, la dosificación de tiempos, la adecuación de espacios físicos y el diseño de apoyos para la contención socioemocional.
  • Asumir la responsabilidad pedagógica: Sugerir o presionar para que un alumno sea medicado con la intención de "alinear" su comportamiento traslada injustamente la responsabilidad del entorno hacia el propio niño, vulnerando su dignidad.

Sensibilización: el respeto absoluto a la decisión familiar

La salud y las decisiones médicas pertenecen de manera exclusiva al ámbito privado y familiar, por lo que es vital actuar con ética y sensibilidad:

  • Autonomía y decisión de la familia: La madre, el padre de familia o tutor es la única persona facultada para decidir, en corresponsabilidad con los profesionales de la salud que ellos elijan, si su hija o hijo requiere o no de una valoración o tratamiento médico.
  • Límite de la función docente: Como educadores, nuestro papel ético e institucional se limita a ofrecer un diagnóstico e informe estrictamente pedagógico y contextual, describiendo fortalezas, necesidades y barreras en la cotidianidad del aula.
  • La inclusión como compromiso humano: Garantizar la permanencia y participación de todas y todos los estudiantes, sin distinción de su conducta o condición, es un deber legal y, sobre todo, un acto de profunda humanidad que se construye con ambientes accesibles, paciencia y trabajo colaborativo, nunca con exigencias médicas.


Referencias

Ley General de Educación. (2019). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última reforma publicada el 30 de septiembre de 2019. 

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. (2015). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última reforma publicada el 30 de abril de 2015. 


 


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miércoles, 7 de octubre de 2026

Informe psicopedagógico ¡NO! ¿Entonces qué?


¿Qué hacer si un alumno tiene discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación u otra condición que precise de ajustes razonables ? (SEP, 2023)

Garantizar el derecho a una educación inclusiva exige transformar nuestras prácticas y miradas en la escuela regular.

 La atención, los ajustes razonables y el acompañamiento pedagógico a las y los estudiantes que enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) es una responsabilidad institucional de la escuela de educación básica, la cual debe brindarse de manera oportuna e independiente de si el plantel cuenta o no con el apoyo de un servicio de educación especial. La inclusión no depende de un servicio externo, sino del compromiso colaborativo de la comunidad escolar.

¿Para quién aplica esta normativa?

Aplica para todos los planteles escolares de  Educación Básica que atienden a educandos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación u otras condiciones y que enfrentan BAP.

¿Qué proceso seguir en la escuela?

El proceso de atención se organiza en momentos clave coordinados por el director y el Consejo Técnico Escolar (CTE):

  1. Evaluación inicial o diagnóstica del grupo: El docente frente a grupo  evalúa el punto de partida pedagógico y el contexto del aula. 
  2. Toma de decisiones en colectivo: El CTE y los docentes analizan si las BAP se pueden prevenir, minimizar o eliminar en el aula regular mediante ajustes razonables.
  3. Elaboración de un Informe de Detección Incial considerando la condición del educando, sus antecedentes escolares y la evaluación inicial. En el caso de que se tenga USAER, el equipo participa en este proceso. Este  Informe de Detección Incial se renueva cada ciclo escolar.
  4. En el caso de alumnos con Aptitrudes Sobresalientes, hay un formato especial para su Informe de Detección Incial (SEP, Guía 2022), del cual se desprende un programa de enriquecimiento. Solo en casos que puntualiza la Guía de Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes (2022) se elabora una evaluación psicopedagógica.

¿A qué alumnos se les realiza una Evaluación Psicopedagógica?

La Evaluación Psicopedagógica no es para todos. Se realiza únicamente para aquellos educandos que se considere que requieren ser evaluados de manera más puntual porque su desarrollo (cognitivo, emocional, social o físico) o su desempeño escolar se ven severamente afectados y se precisan de otros agentes,  no solo el maestro de grupo o de apoyo de USAER. Su objetivo es profundizar en las particularidades del alumno y en los contextos para determinar los apoyos específicos y recursos que precisa.

¿Cuándo elaborar un Plan de Intervención?

El Plan de Intervención formal se elabora únicamente cuando se ha realizado una Evaluación Psicopedagógica, pues deriva directamente de sus hallazgos. Este documento define las estrategias, métodos, materiales especializados, ajustes razonables y compromisos del colectivo escolar y la familia, funcionando como un instrumento de trabajo continuo.

¿Qué hacer con alumnos subsecuentes que no precisan de Evaluación Psicopedagógica?

Cuando en la Detección Inicial se determina que la escuela puede eliminar o minimizar las BAP a través de ajustes en el aula regular, no se requiere Evaluación Psicopedagógica ni un Plan de Intervención formal. En ciclos escolares subsecuentes, el procedimiento se simplifica:

  • Se realiza nuevamente la Detección Inicial al comienzo del ciclo escolar.
  • Se especifican los Ajustes Razonables requeridos directamente en dicho informe.
  • Los apoyos se integran de forma natural en la planeación didáctica cotidiana del docente y en los acuerdos de seguimiento del CTE.

Un llamado a la simplificación y al sentido pedagógico

El espíritu de las Normas de Control Escolar nos invita a centrar el esfuerzo en el aula y no en el escritorio. Debemos evitar el "diagnosticar por diagnosticar" y reducir las cargas administrativas innecesarias. Someter a un estudiante a evaluaciones exhaustivas o llenar formatos complejos sin una necesidad real solo retrasa los apoyos. Si el aula regular, diversificada y con ajustes razonables es suficiente para garantizar la participación del alumno, la mejor intervención es actuar de inmediato desde la planeación diaria.

Referencia

Lomelí, J. (2026). Guía operativa y técnica para la atención educativa inclusiva: Alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades severas (aprendizaje, conducta o comunicación). Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1qumpBgtzhdj74jSA7hllyGTZ61K6CUJy/view?usp=sharing

SEP (2022) Atención educativa a estudiantes con aptitudes sobresalientes: preescolar, primaria y secundaria. hhttps://educacionespecial.sep.gob.mx/storage/2YFEsGdb8J-AS_Atencion-educativao-estudiantes-Version-Revisada.pdf 

SEP (2023). Anexo 6. Atención de los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación (Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Evaluación, Acreditación, Promoción y Certificación en la Educación Básica). Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. https://educacionespecial.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/05/yVsEr3yTtq-Anexo-6-NCE.pdf



  


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