Del aula al consultorio no hay atajo: la inclusión educativa no se condiciona ni se médica
¿Alguna vez nos hemos detenido a reflexionar si la exigencia de un diagnóstico o un tratamiento farmacológico nace verdaderamente de una necesidad clínica del estudiante o de nuestra propia prisa por controlar la conducta en el aula?
En el trabajo cotidiano con alumnas y alumnos que presentan condiciones asociadas a la impulsividad, hiperactividad o dificultades para la autorregulación conductual, suele surgir la tentación o la sugerencia sutil hacia las familias para que "busquen ayuda médica" o "les den un tratamiento" como requisito previo para garantizar su permanencia o armonía en el grupo. Sin embargo, presionar, sugerir o condicionar la atención educativa a la ingesta de medicamentos no solo rompe con el enfoque inclusivo y con el respeto a los derechos humanos, sino que constituye una infracción legal grave sancionada por la legislación mexicana.
Lo que establece el marco normativo vigente
Tanto en el ámbito federal como en el estado de Jalisco, las leyes educativas y de protección son categóricas al señalar que la escuela no puede actuar como prescriptor ni como filtro condicionado a tratamientos clínicos:
- Ley General de Educación (Federal):
- En su Artículo 170, Fracción XV, la ley tipifica claramente como una infracción de quienes prestan servicios educativos el expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio a personas con discapacidad o problemas de aprendizaje.
- Sanciona explícitamente el «obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para condicionar su acceptance o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus madres y padres de familia o tutores para que se los realicen» (Ley General de Educación [LGE], 2019)
- En su Artículo 17, Fracción III, prohíbe estrictamente «actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobremedicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados» (Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista [LGAPPCEA], 2015).
- En la Fracción IV del mismo artículo, prohíbe de forma categórica «impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados» (LGAPPCEA, 2015).
Transformar el aula antes de buscar intervenir el cuerpo
Cuando un estudiante manifiesta conductas disruptivas, desafíos en la autorregulación o periodos intensos de impulsividad, la respuesta de la escuela no debe ser la exigencia de una píldora, sino la revisión profunda de nuestras prácticas:
- Identificar las BAP en el entorno: Es indispensable evaluar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación observando qué estímulos o situaciones del contexto escolar están detonando o intensificando la conducta.
- Diseñar y aplicar ajustes razonables: La labor pedagógica exige intervenir mediante modificaciones en la metodología, la dosificación de tiempos, la adecuación de espacios físicos y el diseño de apoyos para la contención socioemocional.
- Asumir la responsabilidad pedagógica: Sugerir o presionar para que un alumno sea medicado con la intención de "alinear" su comportamiento traslada injustamente la responsabilidad del entorno hacia el propio niño, vulnerando su dignidad.
Sensibilización: el respeto absoluto a la decisión familiar
La salud y las decisiones médicas pertenecen de manera exclusiva al ámbito privado y familiar, por lo que es vital actuar con ética y sensibilidad:
- Autonomía y decisión de la familia: La madre, el padre de familia o tutor es la única persona facultada para decidir, en corresponsabilidad con los profesionales de la salud que ellos elijan, si su hija o hijo requiere o no de una valoración o tratamiento médico.
- Límite de la función docente: Como educadores, nuestro papel ético e institucional se limita a ofrecer un diagnóstico e informe estrictamente pedagógico y contextual, describiendo fortalezas, necesidades y barreras en la cotidianidad del aula.
- La inclusión como compromiso humano: Garantizar la permanencia y participación de todas y todos los estudiantes, sin distinción de su conducta o condición, es un deber legal y, sobre todo, un acto de profunda humanidad que se construye con ambientes accesibles, paciencia y trabajo colaborativo, nunca con exigencias médicas.
Referencias
Ley General de Educación. (2019). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última reforma publicada el 30 de septiembre de 2019.
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. (2015). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última reforma publicada el 30 de abril de 2015.
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